En la compleja arquitectura de la economía ecuatoriana, el subsidio a los combustibles se ha consolidado como un lastre persistente que desafía cualquier intento de consolidación fiscal. Mientras la administración de Daniel Noboa busca un equilibrio precario entre la estabilidad social y la disciplina presupuestaria, las cifras revelan una realidad inquietante: el costo del subsidio a la gasolina Extra y al diésel no solo no desaparece, sino que se expande, alimentado por variables externas incontrolables y una estructura de precios internos que no logra desvincularse de la volatilidad del mercado global.
La trampa de la brecha internacional
El mecanismo del subsidio en Ecuador funciona bajo una lógica de ‘techo’ de precios. Cuando el valor internacional del barril de petróleo o de los combustibles refinados supera los precios fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Estado asume la diferencia. Esta diferencia, aparentemente técnica, se traduce en una sangría de recursos que compiten directamente con la inversión en salud, educación y seguridad. La subida reciente en la carga fiscal no es un evento fortuito; es la consecuencia directa de una mayor brecha entre el costo de importación y el precio de venta al consumidor final en las estaciones de servicio del país.
El factor diésel: El motor de la contradicción
El diésel representa el mayor desafío. Al ser el combustible predominante en el transporte de carga y el sector industrial, cualquier ajuste en su precio tiene efectos colaterales inmediatos en la inflación. Por tanto, el Estado ha optado por mantener un subsidio robusto, protegiendo supuestamente la canasta básica. Sin embargo, este enfoque ignora las ineficiencias en el gasto y la falta de una focalización técnica que permita que el beneficio llegue solo a quienes realmente lo necesitan. La ‘transparencia radical’ exige reconocer que, bajo el modelo actual, el Estado está financiando indirectamente sectores que no requieren de este auxilio, perpetuando un sistema de subsidios generalizados que se vuelve insostenible en periodos de precios internacionales al alza.
La gasolina Extra y la presión del mercado
La situación de la Extra es distinta pero igualmente preocupante. A medida que el precio del WTI se mantiene en niveles elevados, el costo de oportunidad de no ajustar los precios internos se vuelve más pesado. La política de ‘estabilización’ del gobierno se ha visto superada por la realidad de un mercado global que no perdona las rigideces locales. Cada centavo de subsidio es, en esencia, deuda pública que se traslada a las futuras generaciones. La falta de una reforma estructural profunda en el esquema de refinación de Petroecuador obliga a que el país continúe importando derivados a precios de mercado para luego venderlos con pérdidas, un círculo vicioso que erosiona la soberanía económica.
Hacia una redefinición de la política energética
Para la administración actual, el dilema es político tanto como económico. El costo social de retirar los subsidios es alto, pero el costo de mantenerlos es, a largo plazo, una crisis fiscal de mayores proporciones. La transparencia implica comunicar que el subsidio no es un regalo del gobierno, sino un gasto financiado por el contribuyente. La solución no reside en parches temporales, sino en una liberalización gradual, acompañada de un sistema de compensación focalizado y eficiente. Mientras el Estado siga asumiendo el rol de amortiguador de precios, la economía ecuatoriana permanecerá vulnerable a los vaivenes del mercado externo, impidiendo la competitividad necesaria para atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo real. Es momento de que la política económica se rija por la lógica del mercado y no por la conveniencia electoral.
